Intervienen Ausol para revisar la renegociación de la concesión
Así lo dispuso el Juez Federal, Enrique Lavié Pico, quien designó un interventor para la empresa que tiene la concesión de las autopistas más transitadas de Buenos Aires.
La decisión del juez Enrique Lavié Pico tuvo lugar tras el pedido de nulidad que presentó el Gobierno nacional el 11 de octubre ante la Justicia; el escrito pedía que se declare la nulidad del Acuerdo Integral e Renegociación con Autopistas del Sol (Ausol) de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, por entender que comprometía al Estado “con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de los usuarios”.
La presentación judicial se hizo a través de la Dirección Nacional de Vialidad, que depende del Ministerio de Obras Públicas y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación. En su momento el Ministerio de Obras Públicas, conducido por Gabriel Katopodis, manifestó que el acuerdo “establecía una deuda cuya existencia no se encuentra comprobada, una dolarización de las tarifas y la prorrogación de la concesión por 10 años”.
Según informó el Ministerio de Obras Públicas, en 2018 Ausol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), ambos concesionarios de las autopistas de Buenos Aíres, “firmaron con el Gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de US$ 813.143.839,52, de los cuales US$ 540.522.269,52 pertenecen a Ausol y US$ 272.621.570 a GCO”, además estos acuerdos estipulaban la cancelación de la deuda en cuotas, que irían desde 2018 a 2030, con un interés anual en dólares del 8%, que era capitalizable y si el Estado se retrasaba en el pago pasaría a formar parte del capital, incrementando la deuda.
“Cada cuota anual no se completó en los términos de los acuerdos, por lo que la suma comprometida por el Estado en 2018 aumentó a casi US$ 2.000 millones”, afirmaron desde el Ministerio.
La resolución del Poder Judicial, designa como interventor en Ausol al contador José Luis Perrone, quien tendrá la tarea de “ejercer la supervisión, inspección y auditoría de la renegociación del Contrato de Concesión aludido, teniendo a su cargo la fiscalización habitual que puedan afectar la normal prestación del servicio público que resulta objeto de la concesión”, según precisa el documento. A su vez concluye el mismo aclarando que “la presente medida se adopta hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el expediente”.