Según una investigación de José D’Angelo en el juzgado federal Nro. 4 a cargo del juez Ariel Lijo, se detectaron al menos 20 casos de ciudadanos uruguayos que recibieron indemnizaciones millonarias por parte del estado argentino por haber sido detenidos unos días y luego enviados a Uruguay, durante la última dictadura militar. Todos los pagos fueron autorizados durante el gobierno de Cristina Kirchner.

“Venimos por la presente a ampliar la denuncia que formuláramos oportunamente relativa a las maniobras delictivas realizadas en el pago de indemnizaciones a presuntas víctimas de los años 70 por las llamadas leyes “reparatorias”, como consecuencia, ahora, del descubrimiento de una nueva y escandalosa modalidad: el caso de ciudadanos uruguayos detenidos en Argentina que a los pocos días fueron remitidos por pedido de las autoridades uruguayas a su país de origen, en el cual habrían permanecido detenidos por distintos motivos durante varios años”, dice el escrito presentado al juez Lijo.

La ampliación de la denuncia indica que “la República Argentina les ha pagado a cada uno de ellos no por los escasos días que permanecieron aquí detenidos, sino por todo el tiempo que permanecieron en esa condición en Uruguay, haciéndole asumir abusivamente a nuestro país obligaciones millonarias por actos realizados en el extranjero, por funcionarios extranjeros.”

La Justicia está investigando los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los integrantes de la administración del gobierno nacional que participaron de esta operatoria autorizando los pagos en el marco de las llamadas leyes reparatorias. Los mismo fueron hechos durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Las personas indemnizadas pertenecían al momento de ser detenidos al Partido de la Victoria del Pueblo, provenientes de las organizaciones guerrilleras Tupamaros, Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales y de la Resistencia Obrera Estudiantil.