El viernes pasado, los alumnos del Mariano Acosta de Balvanera iniciaron una serie de tomas de colegios. A día de hoy, otras instituciones de la Ciudad de Buenos Aires se sumaron al movimiento: la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas “Sofía Broquen de Spangenberg”, la Escuela N°1 de Cerámica, el colegio Mariano Moreno y el Instituto de Educación Superior “Juan Ramón Fernández”.

La iniciativa fue presentada por la legisladora porteña por el Frente de Todos, Ofelia Fernández. Entre sus demandas, los estudiantes reclaman mejoras edilicias y alimenticias en las viandas que reciben, además del fin de las prácticas laborales obligatorias y no rentadas en empresas privadas y dependencias públicas.

La toma de los alumnos en el nivel secundario provocó que las autoridades del Lengüitas suspendieran todas las actividades tanto en el nivel inicial como en la primaria, y los estudiantes aclararon que se trata de una “decisión ministerial”.

La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, responsabilizó al kirchnerismo por el procedimiento, denunciando “intereses partidarios” detrás de la toma. La ministra sostuvo que desde el kirchnerismo están haciendo circular manuales “con instrucciones de cómo tomar una escuela”. También denunció que esos cuadernillos “están siendo repartidos por el kirchnerismo a través de su sindicato UTE (Unión de los Trabajadores de la Educación) y de distintos legisladores que están incitando a los chicos a tomar estas medidas violentas”.

Pasaron de 0 a 100 en una sola semana. No hubo ni una instancia de pedido de diálogo, pasaron directamente a asambleas para tomar la escuela y eso es una medida violenta que vulnera el derecho a la educación del resto de los chicos y chicas” del establecimiento, agregó la ministra.

El “protocolo anti toma de colegios” que diseñó el gobierno porteño transfiere la responsabilidad de las tomas a las familias de los alumnos. En caso de que los alumnos ocupen una la escuela, los directores deben citar a los padres para que retiren a sus hijos de las instituciones. Si la familia está de acuerdo con la medida, debe hacerse cargo de los gastos que se desprendan por daños en los establecimientos.