La oposición política unida, es decir Juntos y los otros bloques no oficialistas, salieron a impulsar una sesión para intentar modificar el modo de emisión del sugragio, eliminando las boletas individuales de cada partido y reemplazarla por un boleta única, donde todos los partidos y candidatos estén en una sola papeleta.

¿Esto es un reforma del sistema electoral? No. Entonces, ¿que beneficios tiene?. Pocos en principio.

El principal efecto positivo de la boleta única es que reduce la necesidad de fiscales. Ese ejército de personas que se distribuye por cada partido político a los largo del país para garantizar que las boletas de su partido estén en el cuarto oscuro para que los ciudadanos puedan elegirlas al momento de votar.

También elimina la posibilidad de algún tramposo incluya boletas falsas de alguno de los partidos y los votos por esa opción se invaliden al momento del escrutinio. Y otras picardías, como el llamado "voto cadena".

Sin embargo las estadísticas electorales indican que el margen "minifraude" por estas cuestiones, nunca supera el 2% del total nacional. Es cierto, hay pronvincias donde estas complicaciones se intensifican como en Formosa y la cuestión influye en la elección local, pero si la provincia tiene un modo de selección de candidatos distinta para sus cargos locales, le bastará desdoblar las elecciones para seguir con la mecánica que los favorece.

Por otro lado, la boleta única debería reducir el gasto político. Ese ejército de fiscal que ya no sería necesario, suele cobrar un "viático" por su trabajo en ese día electoral, además de que los partidos los surten de un "refrigerio". Multiplicado por cada mesa del país, son miles de personas que ya no deberán pasar el día completo en el proceso electoral, solamente serían necesarios al momento del recuento de votos.

Sin embargo todas estas pequeñas virtudes no implican una reforma seria de sistema electoral argentino, algo que se requiere para "democratizar" la democracia.

Hoy el diseño jurídico de dicho sistema, esta elaborado para favorecer el control de la oferta electoral por parte de las elites de los partidos políticos. Y eso, no apunta de reformarlo ninguna de las agrupaciones, porque garantiza distribuirse el poder entre ellos, sin que ciudadanos no relacionados con sus intereses puedan postularse. 

La exclusividad que la ley le da a los partidos políticos para postular candidatos a cargos públicos electivos, es la principal prebenda del sistema electoral, porque obliga a los ciudadanos interesados en participar de la vida pública, a afiliarse, y luego a someterse a las amañadas cartas orgánicas partidarias, y a las juntas electorales de las agrupaciones (que suelen ser gravemente arbitrarias), para poder ser candidatos.

Todo eso impide una necesaria renovación de la clase política, que desde hacé décadas, enta integrada por las misma personas y conforman una oferta electoral restringida, entre personas que ya han fracasado en la gestión de la cosa pública.