Este jueves el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del Tribunal Oral Federal N° 7 procesó a cuatro miembros de Revolución Federal, la organización acusada de haber difundido mensajes violentos y haber hecho “escraches” con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”.

Además, les ejecutó un embargo por 9 millones de pesos por considerarlos co-autores penalmente responsable del delito de "intimidación pública". La medida alcanza al referente del grupo, Jonathan Morel, y a Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile.

Los cuatro habían sido detenidos el 20 de octubre a pedido del fiscal Gerardo Pollicita por considerar que podrían poner en riesgo la investigación, aunque fueron excarcelados ayer por un fallo de la Cámara Federal porteña, decisión judicial que fue apelada por los abogados de la vicepresidenta "por el escándalo que significa" su liberación ya que, consideró, "alienta a aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho".

José Manuel Ubeira, representante legal de Cristina Kirchner, consideró "desmesurada" la decisión de los magistrados al no haber una situación procesal de los imputados definida, ya que la causa se encuentra "en pleno trámite".

"Es un caso fascista porque se alienta a que aquellos que quieren vulnerar el Estado de derecho, puedan tener algún grado de impunidad otorgada por el sistema judicial", señaló el letrado.

En ese marco, agregó: "Por primera vez en mi vida profesional voy a apelar por el escándalo que significa el contenido excarcelatorio, con el cual, livianamente se lo separa a (el vocero de Revolución Federal Jonathan) Morel".

Por la decisión , el presidente Alberto Fernández criticó duramente a los jueces que liberaron a los integrantes de Revolución Federal  y apuntó contra la Corte Suprema a la que le pidió "intervenir" con "celeridad" para hacer cumplir su fallo en el que dictaminó que los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi son provisorios.

"Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional", indicó sobre Bertuzzi y Bruglia. "Pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación", escribió el mandatario sobre el intento de magnicidio a la ex mandataria.