Los ataques a los indígenas de Brasil y las invasiones a sus tierras por parte de mineros y madereros ilegales, principalmente en la Amazonía, aumentaron dramáticamente en 2021, escalando una situación ya "aterradora", dijo el Consejo Misionero Indígena de la Iglesia Católica (Cimi )

En su informe anual sobre la violencia contra los indígenas, el Cimi detalló una dramática intensificación de los abusos en el tercer año de gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que ha desmantelado los órganos de inspección y protección indígena.

Bolsonaro, un nacionalista de extrema derecha, ha alentado la explotación económica de las reservas indígenas con nueva legislación y propuestas para permitir la minería en tierras indígenas, dijo Cimi.

"Los invasores intensificaron su presencia y la brutalidad de sus acciones" y usaron cada vez más armas pesadas para atacar las aldeas que resistieron su avance, dice el informe.

Con más de 20.000 mineros de oro ilegales en el resguardo yanomami en la frontera con Venezuela, los invasores han iniciado ataques armados contra las comunidades indígenas, provocando un clima de terror y muertes, incluso de niños, dijo Cimi.

En el estado de Pará, donde la creciente minería de oro salvaje ha destruido bosques y contaminado ríos, los invasores atacaron organizaciones comunitarias munduruku y trataron de impedir que sus líderes viajaran a manifestaciones en la capital del país, Brasilia, dijo.

Hubo 305 invasiones a tierras indígenas en 2021, frente a los 263 casos del año anterior, casi tres veces más que los casos reportados por Cimi en 2018, cuando Bolsonaro fue elegido presidente.

Hubo 176 asesinatos de indígenas, seis menos que en 2020, que tuvo el mayor número de homicidios registrado.Los suicidios de indígenas aumentaron a 148 el año pasado, el más alto jamás registrado.

Cimi también denunció casos de asesinatos realizados con extrema crueldad y brutalidad, como los de Raissa Cabreira Guarani Kaiowá, de 11 años, y Daiane Griá Sales, de 14, del pueblo Kaingang. Ambas niñas indígenas fueron violadas y asesinadas.

La agencia de asuntos indígenas del gobierno, Funai, se negó a comentar y dijo que no había visto el informe de Cimi.

Funai, creada en 1967 para proteger a las 300 tribus de Brasil, la mitad de las cuales vive en la selva amazónica, dijo en un comunicado que actúa con las agencias ambientales y policiales para combatir las actividades ilegales en las tierras indígenas.

Para dirigir la Funai, Bolsonaro nombró a un policía conocido por ayudar a los agricultores en los conflictos por la tierra con los indígenas.