Defensores de la sociedad civil de México denunciaron que la actual titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Paola López, formaría parte de una red de traficantes de personas sin documentación en el Estado de Chiapas. La atención se centra hoy en Tapachula, donde están varados alrededor de 150.000 extranjeros. Luis Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana, sostuvo que "en Chiapas los traficantes de migrantes están en contubernio con el INM y la Guardia Nacional".

Según indicaron, los inmigrates indocumentados están a la espera de visas humanitarias otorgadas por el Estado mexicano que les permitirán avanzar hacia Estados Unidos. "Para las autoridades mexicanas no hay migrantes por nacionalidad sino migrantes ricos y pobres (...) Su paso con visas humanitarias depende de cuanto se pague y por eso vemos a tanta gente esperando" comentó Villagran a un medio local. 

Por su parte, Irineo Mujica, representate de las organizaciones binacionales Pueblos sin Fronteras y Publos Unidos Migrantes, expresó que el esposo de la responsable de migraciones "es parte de la red de polleros". Además agregó que desde el gobierno "se venden citas para las visas, se venden las visas, los codigo QR de cualquier trámite, el paso por tierra, por mar  y por aire".

Para Mujica, "la mejor opción para darle fin al problema de los indocumentados más pobres que huyen de la pobreza y la violencia de sus paises y no pueden pagar la red de traficantes para pasar por México, es la estrategia de las caravanas migrantes".

Según datos de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la red de traficantes de personas en México obtiene ingresos por casi 7.000 millones de dólares anuales.