Unas 600 personas se encuentran resistiendo el intento de desalojo en Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, en la ciudad de Buenos Aires. En el edificio viven alrededor de 350 adultos y más de 100 niños. La situación se encuentra en medio de un gran operativo policial, con el vallado de todas las calles aledañas y la presencia de cientos de efectivos.

Las familias que residen en el edificio recibieron la notificación de desalojo la semana pasada, en el marco de una causa que lleva más de 13 años en el Juzgado en lo Civil Nro. 60. Según una resolución dictada por el juez Fernando Cesari, el desalojo podría ser de forma "escalonada" y se autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a solicitar la colaboración de las fuerzas federales si así lo considera necesario.

Ante esta situación, las familias y diversas organizaciones se han organizado para resistir el desalojo. Desde ayer por la tarde se llevó a cabo un festival y una vigilia en apoyo a las 170 familias que viven en el edificio. Actualmente, alrededor de 600 personas se encuentran dentro del edificio resistiendo el desalojo, mientras que afuera se encuentran organizaciones y personas solidarias.

El edificio donde se encuentra Casa Santa Cruz es una unidad funcional de una antigua fábrica de toallas que quebró en la década de los 90. Desde 2004, algunas familias decidieron ingresar al edificio, que en ese momento se encontraba deshabitado y en mal estado, para tener un lugar donde vivir. Con el tiempo, las familias lograron conseguir servicios básicos como agua, luz y cloacas.

En 2010, cuando la propiedad fue subastada, las familias intentaron presentarse para comprarla, pero no pudieron hacerlo y finalmente fue adquirida por el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien inició un juicio por desalojo.

La situación actual ha generado debate y polémica, ya que las familias argumentan que han hecho mejoras en el edificio y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, con más de 100 niños viviendo en el lugar. Por otro lado, las autoridades argumentan que se trata de una ocupación ilegal y que se debe hacer cumplir la ley.

La resolución del desalojo ha despertado preocupación, ya que implica una gran movilización policial y se teme por la integridad de las personas que habitan el edificio. La situación continúa en desarrollo y será necesario seguir de cerca los acontecimientos para conocer el desenlace de este conflicto.