La demanda penal presentada ante la Justicia Federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, “es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, dijo Amnistia Internacional.

“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014. Esta política -que sigue vigente- incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos.

Múltiples mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, –incluida Amnistía Internacional– han denunciado cómo estos ataques han adquirido el carácter de sistemáticos y generalizados en contra de quienes son percibidos como opositores al gobierno, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad. 

Esta conclusión fue igualmente sostenida por la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019.

“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina. Los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.