La violencia de la mano de las organizaciones narcos azota a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y el presidente de la Asociación de Fiscales del Ministerio Público Fiscal, Ricardo Toranzos, es un escenario nunca antes visto, por lo que le exige que se garantice la seguridad de los magistrados.

“Siempre tenemos el temor que un juez o un fiscal terminen muertos”, expresó Toranzos en diálogo con Infobae, y agregó: “Amenazas en todo tipo delito pueden existir pero aquí se ha superado la lógica de la habitualidad, se amenaza sin tener miedo a una consecuencia”

“Va a haber balas para todos”, se leía en una amenaza que le llegó al senador provincial Lisandro Enrico, junto a la foto de un arma, el jueves pasado. La coacción iba dirigida al juez Aurelio Cuello Murúa y el fiscal federal de Venado Tuerto Javier Arzubi Calvo, a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y al intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti solicitó al Gobierno que garantice la seguridad de los funcionarios y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández se comprometió a resguardar la integridad de los magistrados que investigan el crimen organizado.

“La boca de venta de drogas en un barrio crea una sensación de violencia en el lugar, de amenazas, hay competencia con otros vendedores. Eso produce un ambiente de irritación comunitaria. Muchas veces se entendió que era un tema de jurisdicciones. Si tenia que investigar la justicia federal o la local. Pero no es una problemática de una jurisdicción. Ahí falta un abordaje integral”, explicó Toranzos, y agregó: “Hay una cierta incapacidad de comprender el fenómeno. No se puede tomar este delito de manera aislada, sino que es una acción delictiva que promueve otros”.

“Existen distintos focos en distintos lugares del país que están en ebullición y que pueden transformarse en lo que ocurre en Rosario. El esfuerzo de fiscales y jueces si no son acompañados y protegidos con un abordaje integral muy poco van a poder hacer. Lo que exigimos es una política pública que haga un diagnóstico por región, que sea parte de un plan programado a nivel nacional en el que se refuerce el control de la frontera, el trabajo de los funcionarios públicos”, detalló el presidente de la Asociación al plantear mirar más allá de Rosario.