La iniciativa del presidente Alberto Fernández, la cual involucra el pedido de juicio político a los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, ha sido apoyada por doce gobernadores que responden al oficialismo. En el marco del conflicto entre la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación, varios jefes provinciales apoyaron al Gobierno en la reunión de hoy al mediodía. Sin embargo, hubo otros que tomaron distancia del movimiento.

“Por medio de la presente se solicita el inicio del proceso institucional de juicio político contra el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Horacio Rosatti por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”, dice el documento.

“Asimismo, y respecto de algunos hechos con distintos grados de responsabilidad, que se describen en los apartados siguientes, se solicita se inicie el proceso de juicio político respecto de los integrantes del máximo tribunal Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”, agrega el texto.

El documento aparece firmado por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raul Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. A su vez, y como es debido, también cuenta con la firma del Presidente Fernández.

“Mañana se va a presentar el pedido de juicio político”, adelantó Axel Kicillof, en una conferencia.
“Mañana se va a presentar el pedido de juicio político”, adelantó Axel Kicillof, en una conferencia.

En el texto no figuran los nombres de los jefes provinciales del PJ de San Juan, Sergio Uñac, de Santa Fe, Omar Perotti, de San Luis, Alberto Rodríguez Saa; y de Santa, Gustavo Sáenz; ya que se encuentran en desacuerdo con la decisión. Por su parte, los gobernadores disidentes de Río Negro, Arabela Carreras; y de Neuquén, Omar Gutiérrez; tampoco apoyaron la embestida a la Corte Suprema.

La decisión de la Casa Rosada se debe en gran parte a las conversaciones filtradas por hackeos y, según la oposición, espionaje ilegal; que involucran a Juntos por el Cambio y a miembros de la Justicia. Dichas filtraciones revelan chats entre Marcelo D’Alessandro, funcionario porteño cercano al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y distintos operadores judiciales y empresarios, como Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti; Silvia Majdalani, anterior segundo al mando de la AFI, y Marcelo Violante, titular de la empresa de acarreo Dakota.

El Gobierno ya confirmó que el pedido ingresará mañana por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, argumentando que “conductas llevadas adelante por los magistrados resultan susceptibles de ser encuadradas en la noción de mal desempeño en el ejercicio de su cargo”.