El Tribunal Oral en lo Federal 1 (TOF1) unificó los cinco juicios orales que se iban a desarrollar para investigar los crímenes perpetrados en otros tantos centros clandestinos de detención durante la última dictadura.

Los hechos a debatirse en la instancia oral tuvieron lugar en los campos que funcionaron en la Brigada de Investigaciones de La Plata, destacamento policial de Arana, comisaría quinta de La Plata, Puesto Vasco y COTI Martínez.

Los jueces Carlos Rozansky, Mario Portela y Roberto Falcone habían dispuesto con anterioridad la unificación del juzgamiento en los tres primeros centros mencionados y ahora sumaron las otras dos causas elevadas por el Juzgado Federal Nº 1 a cargo del juez Arnaldo Corazza.

Para los magistrados la medida toma en cuenta la "inescindible conexidad de los hechos investigados, así como en la necesidad de evitar la revictimización de quienes tienen que prestar su testimonio ante el Tribunal".

El centro conocido como Puesto Vasco, funcionaba en una división policial de cuatrerismo ubicada en Pilcomayo 59 de la localidad de Don Bosco, distrito de Quilmes; en tanto, el Comando de Operaciones Tácticas I, luego reducido a "COTI", tenía su base en Libertador 14.237, de Martínez. Estos dos centros se caracterizaron por albergar tanto a funcionarios del ex gobernador Victorio Calabró, como a personas que la dictadura vinculaba al Grupo Graiver. Por ejemplo, allí estuvieron alojados los hermanos Rodolfo, Alejandro y Carlos Iaccarino, quienes luego de la tortura fueron despojados de empresas, campos y hasta un avión de su propiedad. También estuvieron cautivos ilegalmente Lidia Papaleo, que declaró haber firmado el traspaso accionario de Papel Prensa estando desaparecida, su hermano Osvaldo, y el abogado platense Jorge Rubinstein.

En la megacausa que se constituye a partir de la unificación serán juzgados los oficiales superiores de la Policía provincial que se encuentran aún con vida: Miguel Osvaldo Etchecolatz y Rodolfo Aníbal Campos; el entonces gobernador, general Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno, Jaime Smart.

En total se estima que se juzgará a unas veinticinco personas acusadas de haber cometido delitos contra aproximadamente trescientas víctimas.