Para Graciela Ocaña, Héctor Capaccioli “debería estar detenido por la causa de los medicamentos adulterados”.

Por Continental, la ex ministra de Salud criticó que el juez federal Norberto Oyarbide “lo procese sólo como partícipe de la asociación ilícita, cuando en realidad era quien permitía que esa asociación funcionara”.

No obstante, advirtió que “Oyarbide tiene motivos para detener a Gerónimo Venegas” y pidió “no politizar el hecho”.

En Magdalena Tempranísimo, remarcó que “son varios los sindicalistas involucrados” por el magistrado en la denominada “mafia de los medicamentos”, por la que se investiga a una treintena de gremios.

“Hay otro dirigente que es Denaro, de Aguas y Energías de Mendoza, que fue detenido anoche”, ejemplificó. En cambio, Rubén Romano (ex gerenciador del PAMI) continúa prófugo por la misma causa.

Sin embargo, añadió, “en esta causa hubo varias detenciones así, la del propio Zanola fue así, su esposa, Néstor Lorenzo (dueño de Droguería San Javier). Fueron detenidos, luego indagados, y luego se les dictó el procesamiento. El juez acusó a varias personas de ser parte de una asociación ilícita y en principio mantuvo a todos los detenidos presos. Luego, la Cámara del Tribunal de Alzada determinó que los jefes mantenían la prisión mientras que los partícipes no. En el caso de Capaccioli, está como partícipe”, diferenció.

“Ante la gravedad del tema, espero que la Cámara Federal revoque, es muy grave. Aparte de ser partícipe, (Capaccioli) tenía una decisión muy importante, con esta falta de control, para que esa asociación ilícita pudiera funcionar”, recalcó.

Sin embargo, desmintió el runrún mediático que asegura que Venegas es (salvo Zanola y su esposa) el único detenido por la causa. “La semana pasada hubo varias detenciones, quienes están detenidos aún. Yo le sacaría el tema de que es el caso único, porque no lo es. Por supuesto tiene mucho impacto”, concedió.

Pero enfatizó que “el juez debe tener elementos que han llevado a tomar ese temperamento. Es la investigación que está haciendo sobre ochenta obras sociales que habían sido provistas por San Javier en su momento desde el 2005 en adelante”.

“No hay que politizar esto, porque, si no, parece ser que hay dirigentes que porque hacen política pueden hacer cualquier cosa”, alertó, y desmintió el argumento de UATRE de que no participan en las compras masivas de medicamentos. “Hay una serie de presentaciones que la obra social hace en la Administración de Programas Especiales. Estamos hablando de medicamentos de alto costo, que ningún afiliado podría comprarlo a una farmacia y luego pedir el reintegro; el paciente, si fuera así, debería dejar el sueldo o varios sueldos para comprar el medicamento”, explicó.

“Hay un informe que en su momento el juez requirió a la Superintendencia donde recuerdo haber visto a la obra social de la UATRE cubierta por San Javier”, puntualizó Ocaña.