Más de cincuenta personas están acusadas de formar la red que lavó el dinero del Estado destinado a la construcción de viviendas sociales. El fiscal Jorge Di Lello elevó las imputaciones al juez federal Norberto Oyarbide, quien ahora debe definir si las acepta.

Sergio Schoklender sería uno de los cabecillas, aunque también aparecen en el listado su hermano Pablo, sus esposas, ex empleados de la fundación Sueños Compartidos, financistas y empresarios, entre ellos, el ex ministro de Trabajo del menemismo Enrique Rodríguez. En el escrito se afirma que se utilizó dinero del Estado que era destinado para la construcción de casas para la compra de bienes como autos, aviones, yates y departamentos.

Por otro lado, al recibir el premio Rodolfo Walsh a la comunicación y los derechos humanos, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, afirmó que tiene “la conciencia tranquila”.