Dentro de un paquete de medidas para frenar la criminalidad juvenil, el Consejo de Ministros italiano analiza la posibilidad de penar con hasta dos años de prisión a los padres que no envíen a sus hijos a la escolarización obligatoria

El proyecto también incluye la prohibición de uso de teléfonos celulares a menores a partir de 14 años que hayan sido condenados. "Quien, investido de autoridad o encargado de la tutela de un menor, no imparta o haga impartir la enseñanza obligatoria, sin justa causa, será castigado con pena de prisión de hasta dos años", señaló el texto.

Además, establece uno de los 14 artículos del denominado decreto-ley con "medidas urgentes para combatir el malestar juvenil, la pobreza educativa y la delincuencia juvenil" que el Gobierno trata hoy.

El borrador del decreto, anticipado por los diarios La Stampa y Repubblica, agrega que "para los menores que hayan cumplido 14 años, se decreta la prohibición total o parcial del uso de teléfonos móviles o de plataformas y servicios en línea".

El texto prevé diversas disposiciones y nace, como se indica en la introducción, de la "extraordinaria necesidad y urgencia de planificar intervenciones infraestructurales para hacer frente a situaciones de degradación, vulnerabilidad social y penuria juvenil en el territorio del municipio de Caivano", donde se cometió el ataque a las dos niñas.

La iniciativa cita también entre sus objetivos la "necesidad de reforzar las medidas para proteger el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, en relación con el aumento de la evitación (deserción) escolar, especialmente en zonas específicas del territorio nacional, y con el valor de fomentar la desviación que este fenómeno conlleva".

Además de incluir un sistema de amonestaciones para menores de 12 a 14 años, el texto prevé también que el núcleo familiar cuyos miembros menores de edad no acrediten la asistencia escolar obligatoria pierde el derecho al subsidio de inclusión que da el Gobierno de hasta 350 euros al mes.