El gobierno griego emitió un "decreto de movilización civil", para obligar a los empleados de la Empresa Pública de Energía (EPE), a volver al trabajo, tras la convocatoria por parte de los trabajadores a una huelga por 48 horas. El sindicato de la empresa de energía del Estado llamó el jueves a una huelga de 48 horas para protestar contra los planes de privatización de la empresa, lo que generó apagones regionales, y la toma por parte de los huelguistas de varias unidades de producción fuera de la red. Ayer un tribunal de primera instancia de Atenas declaró a la huelga como "ilegal y abusiva". 

El sindicato mayoritario en EPE, rechazó el veredicto y el gobierno griego respondió a través de su vocera Sofía Voultepsi que fue quien ordenó la movilización civil, que implica que los trabajadores que no se reintegren a su labor podrán ser encarcelados y despedidos.
 
El sindicato cuenta con el apoyo del principal partido de la oposición, la agrupación de izquierda SYRIZA, cuyo líder Alexis Tsipras, calificó a la privatización de la empresa pública que tiene más de 60 años como "un crimen nacional y económico". Los acreedores internacionales de Grecia exigieron la privatización del 30% del organismo estatal, lo que implica, para el sindicato, "la antesala de un aumento en el precio del servicio y un achicamiento en la cantidad de empleados".