The New York Times. Los más de 1400 millones de personas que viven en China están bajo constante observación: son grabados por las omnipresentes cámaras de la policía, en esquinas, subtes, recepciones de hoteles y entradas de edificios de departamentos, sus celulares son rastreados, sus compras monitoreadas, y sus conversaciones en las redes son censuradas.

Y ahora, hasta el futuro está bajo vigilancia.

Las últimas innovaciones tecnológicas indagan en los vastos registros de datos que van dejando los ciudadanos en sus actividades diarias, en busca de patrones y desviaciones, y prometen predecir delitos y protestas antes de que ocurran. Esa nueva generación de tecnología apunta a potenciales agitadores para la mirada del gobierno chino, no solo aquellos con historial delictivo, sino también grupos vulnerables, como minorías étnicas, trabajadores migrantes y quienes tienen antecedente de enfermedades mentales.

Un programa informático permite a las autoridades chinas seleccionar a personas según ideas preconcebidas sobre sus rasgos.

Pueden advertirle a la policía si la víctima de un fraude pretende viajar a Pekín para reclamar un resarcimiento del gobierno o si un consumidor de drogas hace demasiados llamados a un mismo número telefónico. También puede avisarles a las autoridades cada vez que una persona son problemas mentales pasa cerca de una escuela.

Zhang Yuqiao es un hombre de 74 años que ha pasado gran parte de su vida reclamándole al Estado una compensación por la tortura que sufrieron sus padres durante la Revolución Cultural. Hasta hace un tiempo, cuando viajaba a Pekín para efectuar uno de sus reclamos, Zhang simplemente evitaba las rutas principales y con eso le bastaba para esquivar a la policía. Pero ahora también tiene que apagar el teléfono, pagar en efectivo y comprar varios pasajes de tren con distintos destinos falsos.

Aunque no hay demasiadas pruebas, esas nuevas tecnologías de China, detalladas en órdenes de compra y otros documentos analizados por The New York Times, extienden aún más los límites del control político y social del gobierno de Pekín y hunden sus tentáculos en lo profundo de la vida de las personas. En el plano más elemental, sirven para justificar una vigilancia asfixiante y la violación de la privacidad, mientras que llevados al límite alientan el peligro de automatizar la discriminación sistémica y la represión política.

Para el gobierno, la estabilidad social está por encima de todo y cualquier amenaza a la misma debe ser eliminada. En la década que lleva en el poder, el líder chino Xi Jinping ha endurecido y centralizado la seguridad estatal, aplicando políticas tecno- autoritarias para aplastar la agitación étnica en la región occidental de Xinjiang y encerrar al pueblo chino en una de las cuarentenas más severas del mundo. El espacio para la disidencia, siempre acotado, está desapareciendo aceleradamente.

Los detalles de esas nuevas tecnologías de seguridad aparecen documentos de investigación policial, en registros de patentes y presentaciones de contratistas de vigilancia, y también en cientos de cotizaciones y licitaciones públicas analizadas y confirmadas por The New York Times. Muchos de esos documentos fueron compartidos por ChinaFile, una revista online publicada por la Asia Society, que desde hace años recaba sistemáticamente los datos de los sitios web del gobierno chino.

Otro conjunto de documentos describe el software comprado por las autoridades de la ciudad portuaria de Tianjin para impedir que los peticionantes, como Zhang, lleguen hasta la vecina Pekín, fue aportado por IPVM, una publicación de la industria de la vigilancia.