El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringe las inversiones de su país en áreas tecnológicas estratégicas en China, desde la inteligencia artificial a la computación cuántica, para evitar que el sector de defensa del país asiático pueda beneficiarse de la tecnología y los fondos estadounidenses para su desarrollo. La medida será efectiva a partir del año próximo.

La orden, que también incluye el área de los semiconductores avanzados, afecta especialmente a las compañías de capital de riesgo y los inversores estadounidenses en empresas de riesgo compartido con firmas chinas. Las empresas tendrán que informar al Gobierno de sus inversiones en los tres sectores concernidos. Algunas transacciones estarán prohibidas, pero el Gobierno asegura que se ofrecerán “directrices de líneas cristalinas” sobre las operaciones que estarán vetadas y las que simplemente deberán notificarse.

La decisión apunta a proteger la seguridad nacional estadounidense y no tiene una motivación económica, según ha asegurado la Casa Blanca, que insiste en que continuará permitiendo las inversiones en otras áreas hacia su gran rival. Un alto funcionario que habló bajo la condición del anonimato subrayó que la medida se dirige contra “objetivos muy específicos”: “Es un paso muy medido y muy meditado para intentar evitar que la República Popular de China obtenga y utilice tecnología avanzada para la modernización de su ejército y para socavar la seguridad nacional”.

En una carta enviada al Congreso, Biden precisa que declara una emergencia nacional para hacer frente a los avances de países como China “en tecnologías sensibles y productos fundamentales para sus capacidades militares, de inteligencia, vigilancia o cibernética”.

La iniciativa, según la Casa Blanca, complementa otras ya adoptadas por la Administración Biden para limitar el acceso de Pekín a la tecnología estadounidense, en una estrategia que el consejero de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, ha descrito como “una valla muy alta para un terreno muy pequeño”. En octubre del año pasado, el presidente estadounidense emitió una orden que impone controles a las exportaciones de tecnología de semiconductores avanzados hacia el gigante asiático, y se dispone a actualizar esta previsión. Otras medidas vetan las inversiones chinas en sectores estratégicos estadounidenses.

Antes de la entrada en vigor de la orden, el Gobierno estadounidense entablará rondas de conversaciones con los sectores afectados para escuchar sus opiniones, incluido un plazo de 45 días para comentarios públicos sobre la norma.

La medida anunciada se esperaba desde hace largo tiempo. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ya había apuntado sus líneas maestras durante su viaje a Pekín este verano, en el que adelantó a las autoridades chinas los planes de Washington e insistió en el mensaje de que se trata de una medida muy limitada que busca proteger la seguridad nacional. Estados Unidos, aseguraba la alta funcionaria, sigue muy interesado en continuar y desarrollar su copiosa relación económica con China.

Pero, pese a que se anticipase, la nueva norma puede desencadenar una nueva ola de fricciones entre Washington y Pekín. Ambos gobiernos apenas acaban de comenzar una tímida etapa de deshielo en sus relaciones, después de que en febrero el paso y derribo de un globo aerostático chino por territorio de Estados Unidos desencadenara la cancelación de un viaje del secretario de Estado, Antony Blinken, al país asiático y una caída en picado de unas relaciones que arrastran años de deterioro.

Una reunión en Viena entre Sullivan y su homólogo chino, Wang Yi —ahora también ministro de Exteriores—, supuso el primer paso hacia la normalización de los lazos. El proceso se consolidó con la celebración finalmente de la visita de Blinken a Pekín y el viaje de Yellen.