La AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, reveló que alrededor de “2.800 personas fallecidas siguen cobrando el plan asistencial” a través de familiares o terceras personas. De igual manera, los datos también determinaron que otros beneficiarios “tienen dos o más propiedades”, según las declaraciones de Bienes Personales presentadas. 

El informe, publicado de manera exclusiva por Infobae, fue realizado por el organismo recaudador a pedido del entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. La solicitud, que fue realizada el 30 de junio, realizó el cruce de información “sobre la identificación estadística de 1.383.279 de titulares del mencionado programa”. Los resultados detectaron que: “253.184 de ellos (el 18,30%) han efectuado una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales, y que 35.398 (el 2,56%) habían realizado alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos 6 meses”.

Sin embargo, no fue hasta el 24 de octubre que la información se elevó hasta el Ministerio de Desarrollo Social, once días después que Tolosa Paz jurara como nueva responsable del área en lugar de Zabaleta. 

Tolosa Paz junto con el presidente, Alberto Fernández.
Tolosa Paz junto con el presidente, Alberto Fernández.

"Estamos entrecruzando la última base de datos del Potenciar Trabajo. Todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios. “Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades”. Asimismo, anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quiénes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.

El programa Potenciar Trabajo

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, fue creado por la administración de Alberto Fernández cuando el ministro de Desarrollo Social era Daniel Arroyo. 

De acuerdo con la descripción que se realiza en la página web de Desarrollo Social, el programa “tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica”.

Asimismo, se deja muy en claro que solo pueden ser beneficiarios del programa “los que estén en riesgo o estado de vulnerabilidad social o se desempeñen en alguna actividad de la Economía Popular”. En noviembre, los acreedores del beneficio reciben $27.275 por cuatro horas de trabajo en una Unidad de Gestión (UG).

Cabe resaltar que el año pasado, el ministerio de Economía giró para ese programa 270 mil millones de pesos, casi la mitad de lo que tenía asignado la cartera por entonces a cargo de Zabaleta y que era de 584.680.260.281 pesos.