La Legislatura porteña comenzó a analizar el traspaso del subte mediante un plenario de las comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto y Hacienda.

La norma contempla financiar el servicio con un incremento en los peajes, las patentes y los combustibles. Además, lo declara “servicio público esencial”, clasificación que restringe el derecho de huelga de sus trabajadores.

Esto es rechazado por los metrodelegados, quienes ya confirmaron la continuación del paro escalonado del servicio para la próxima semana.

Por Continental, Roberto Pianelli afirmó que la iniciativa es inconstitucional porque trata de limitar el derecho de los trabajadores y obvia el hecho de que, para la Organización Internacional del Trabajo, el subte no es considerado servicio esencial, a diferencia de otros servicios como los hospitales.

El metrodelegado consideró que, además, busca “conformar una caja negra sin control”.

En tanto, la oposición porteña mira con recelo varios puntos dle proyecto.