El fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia ante la justicia en la que señala que 159.919 beneficiarios del plan social "Potenciar Trabajo" han viajado al exterior desde 2020, lo cual considera incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigido por el programa. Marijuán solicita que se investigue a las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento del programa y que se den de baja a aquellos que hayan realizado viajes al exterior.

Según la información obtenida por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), desde 2020 los beneficiarios del programa han realizado un total de 812.906 movimientos migratorios, incluyendo viajes en cruceros, aviones, embarcaciones, ómnibus y autos particulares. Además, se detalla que 20.832 de los movimientos en avión se realizaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery.

El fiscal Marijuán considera que la falta de control sobre las personas que ingresan y se inscriben en el programa demuestra un desprecio por parte de los funcionarios públicos encargados de esta cartera. Además, argumenta que aquellos beneficiarios que realizan viajes al exterior, especialmente en avión y cruceros, no necesitarían de la asistencia estatal y no cumplirían con el requisito de alta vulnerabilidad económica.

La denuncia no menciona a los funcionarios que deberían ser imputados, pero solicita que se abra una investigación por violación de los deberes de funcionario público. Además, se pide la baja de las personas que han cobrado el programa y han viajado al exterior, para que dejen de percibir el beneficio.

El fiscal destaca que cada plan del programa "Potenciar Trabajo" tiene un valor de 66 mil pesos mensuales, lo que se traduce en un total de 10.554.654.000 pesos mensuales. Considerando que esta situación se ha prolongado desde principios de 2020, se estaría hablando de una suma multimillonaria que ha afectado las arcas del país.

La denuncia presentada por Marijuán ha quedado a cargo de la jueza federal María Servini.