La palabra “celeridad” aparece en dos oportunidades en las nueve carillas con las que la Sala I de la Cámara Federal rechazó al pedido de sobreseimiento en el Caso Ciccone donde está imputado el vicepresidente de la Nación Amado Boudou. La palabra “premura” en tanto quedó escrita en tres ocasiones.

En una de las oportunidades los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero fueron más enfáticos. Pidieron que el juez Ariel Lijo, quién investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública, actúe con “suma premura” para resolver el caso judicial por el que el vicepresidente está jaqueado.

A Boudou se lo investiga porque cuando era ministro de Economía intercedió ante la AFIP para que el ignoto y sin antecedentes fondo The Old Fund se quedara con la imprenta Ciccone, es decir la fábrica de hacer billetes. Ese misterioso fondo estaba encabezado por el abogado Alejandro Vandenbroele que dice no tener relación alguna con Boudou.

En la causa se probó que Vandenbroele pagaba las expensas del departamento de Boudou en el edificio River View de Puerto Madero. También estaba a su nombre la línea telefónica, el servicio de internet y el de cable. Pero no se conocen. Pasaba Vandenbroele algunas tardes en la pileta del edificio pero sostienen ambos que no había relación entre ellos. El argumento de Boudou es que su departamento estaba alquilado. Y el inquilino resulta ser Fabián Carosso Donatiello, amigo de Vandenbroele. Carosso Donatiello no visita la Argentina desde hace años y vive en España. El contrato de alquiler nunca apareció. Y, además, Vandenbroele tiene relación con el mejor amigo y socio de Boudou José María Núñez Carmona. Pero no se conocen. Comprobar el vínculo entre Boudou y Vandenbroele es una de las vías que tiene la Justicia para demostrar que el vicepresidente se intercedió ante la AFIP por The Old Fund porque estaban en juego sus propios intereses para quedarse con el negocio.

En ese camino avanzaba con “suma celeridad” el fiscal Carlos Rívolo, quien en 2012 tenía a su cargo la investigación. Pero la defensa de Boudou logró-gracias a la maquinaria judicial del kirchnerismo- sacarlo de la causa. Lo mismo sucedió con el juez Daniel Rafecas, quien osó autorizar un allanamiento en el departamento de Boudou. Y también fue echado el jefe de los fiscales Esteban Righi.

El caso quedó en manos de Lijo y del fiscal Jorge Di Lello, quienes desde hace un año están acumulando pruebas sobre Boudou y el Caso Ciccone. Lijo había rechazado el pedido de Boudou y por eso el vice apeló a la Cámara.

Los camaristas se opusieron al pedido de sobreseimiento hecho por Boudou y remarcaron que “la permanente y unánime lucha contra la corrupción que la sociedad demanda exige que aquellas controversias en las que se debaten actos que atentan contra la transparencia que debe identificar el obrar del Estado y sus agentes sean prontamente develados. Así es necesario que se determine la culpabilidad de las personas indicadas como responsables de afectar los intereses públicos, no retardando la condena a momentos en los que el paso del tiempo sólo les puede reservar un valor simbólico pero ineficaz para hacer realidad el vigor de la ley penal, o bien que se despeje la inevitable mácula que supone la sola sospecha de haber participado de un delito, en pos de restablecer el honor del que deben estar investidos los gobernantes, y con el que deben inspirar a la ciudadanía”.

Lo decidido por Farah y Ballestero es un revés judicial para Boudou en el Caso Ciccone. Pero hace un mes dos camaristas de Casación abrieron una puerta para declarar la nulidad del expediente. Gustavo Hornos y Mariano Borinsky abrieron un recurso de queja presentado por la defensa de Vandenbroele-en coordinación con la de Boudou- para que se anule el testimonio de Laura Muñoz, ex mujer de quien se quedó con Ciccone. Ella había dicho que Vandenbroele trabajaba para Boudou y los abogados dicen que no puede declarar contra un familiar. Ya estaban separados de hecho y estaban en conflicto por la manutención de la hija en común.

Con esa decisión de Borinsky y Hornos Boudou tiene una posibilidad más de conseguir lo que busca desde el inicio mismo de la investigación por corrupción: cerrar el caso. Siempre y cuando el expediente no avance con la “suma celeridad” que pidió la Cámara y el vicepresidente se vea más comprometido de lo que está hasta ahora.