Un proyecto para “garantizar a todas las mujeres las condiciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo” ingresó al Congreso, tras el fallo histórico que esta semana dictó la Corte Suprema de Justicia para permitir a una mujer que aborte en casos de haber sido violada.

El bloque de diputados de Nuevo Encuentro, liderado por Martín Sabatella, ingresó la iniciativa a la Cámara Baja para despenalizar esta práctica y convertirla en segura y gratuita.

La presentación incluye modificaciones sobre la propuesta presentada por Nuevo Encuentro en 2010.

“Más de mil mujeres se someten cada día a abortos clandestinos, en situaciones de enorme vulnerabilidad para su salud. Y esa situación es inmensamente más grave en las que tienen menos recursos y no pueden recurrir a una intervención segura”, agregó el legislador, aliado del gobierno nacional.

En esta propuesta, y al igual que en la legislación española, se legaliza la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas cumplidas de gestación e independientemente de la cantidad de semanas de gestación, en el caso de que exista peligro para la vida de la mujer o su salud física, mental y social.

También, cuando el embarazo provenga de una violación, será legal hasta la semana 23 cumplida de gestación: el plazo apunta a no permitir el aborto cuando el feto pueda tener viabilidad por fuera del cuerpo de la mujer y se especifica porque el proyecto introduce penalidades para los agentes de salud o judiciales que retrasen o impidan la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo.

Por otro lado, el proyecto presentado establece penas de seis meses a dos años para la mujer que causare su propio aborto (o consienta que otro se lo cause fuera de los casos permitidos) y al que cause un aborto con consentimiento de la mujer en las mismas circunstancias.