El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dio marcha atrás este jueves con su postura de exigir a las mujeres víctimas de violación una “autorización judicial” para que se les realice un aborto, al firmar un decreto en el que estableció que solo se requerirá una “denuncia judicial” y una “declaración jurada” para la interrupción del embarazo.

El mandatario norteño mandó a que se implementen “de manera inmediata” en la provincia las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder al aborto no punible, luego de que la Corte Suprema se expidiera al respecto y estableciera que no era necesario la autorización de un juez.

De esta forma, no se exige que la justicia se expida en torno a la denuncia, ya que para solicitar la interrupción de la gestación en curso solo alcanzará con la presentación ante el magistrado.

El decreto señala además que “no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo y que resulta conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima”.

“La decisión no puede quedar en el médico, en base a su interpretación de la declaración jurada”, aclaró Enrique Heredia, ministro de Salud de Salta.

“No queremos dejar toda la responsabilidad en manos de quien haga la práctica” de interrupción del embarazo, enfatizó.