Por fin del gobierno envió al Congreso el proyecto de ley que le permitiría manejar la pandemia y las restricciones al margen de las decisiones de los gobernadores. El proyecto es respuesta a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires para sostener las clases presenciales.

Sin embargo, el proyecto ignora que la propia Corte puede volver a intervenir para juzgar la constitucionalidad de esta ley, en el caso de que la misma sea sancionada, y que el Alto Tribunal ya indicó que al mergen del instrumento (ley o DNU), los estados provinciales tienen facultades que la Nación no puede violar.

La iniciativa que se acompaña, establece criterios epidemiológicos en base a los cuales el gobierno podría intervenir por sobre las autoridades provinciales.