El fiscal federal Guillermo Marijuan ha imputado a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, en una denuncia penal presentada por la diputada nacional María Graciela Ocaña. La denuncia acusa a Batakis y Barros de varios delitos, como incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.

El juez Daniel Rafecas, a cargo del juzgado federal 9, recibió la denuncia y la remitió a la fiscalía de Marijuan, quien decidió impulsar la investigación e imputar a las denunciadas. Al mismo tiempo, se han ordenado una serie de medidas de prueba para instruir la causa y recopilar toda la documentación necesaria.

La denuncia sostiene que Batakis y Barros habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio del Banco Nación en la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como "Pitty, la numeróloga", para un curso de coach por un monto de $1.800.000. También se señala la designación de Héctor Javier Silva, ex esposo de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA, y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA.

Además, se investiga el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, en el cargo de Gerente Departamental del BNA, la autorización de Silvina Aida Batakis a favor de María del Carmen Barros para que esta última perciba diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual de aproximadamente $9.000.000, y el permitir que Juan Manuel Romero, pareja de María del Carmen Barros, perciba una remuneración mensual de $700.000, a pesar de que según la denunciante "prácticamente no va a trabajar".

Ante estas acusaciones, Pitty La Numeróloga, quien fue contratada por el Banco Nación, defendió su trabajo y afirmó que brindó servicios de coaching a un precio razonable. Afirmó que fue contratada por el sector de marketing y que la gerenta general del banco se acercaba a su lugar de trabajo para recibir las sesiones. Sin embargo, la diputada Ocaña sostiene que estos servicios no se prestaban en el banco y que la numeróloga emitió una factura apócrifa que fue pagada con dinero público.

Además de la denuncia penal, las diputadas Ocaña, Castets y Banfi han solicitado acceso a la información pública al Banco Nación, que hasta el momento no ha sido respondida.

La imputación de estas funcionarias del Banco Nación y la investigación en curso muestran la importancia de la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos. Es fundamental que los funcionarios públicos cumplan con sus deberes y actúen en beneficio de la sociedad. El desarrollo de esta causa permitirá determinar si se han cometido delitos y, en caso afirmativo, se tomarán las medidas legales correspondientes.