Un señor que participa del reality Gran Hermano, al que llaman Alfa, resultó sancionado por los responsables del juego, por ofender a otra participante, a la que llaman Coti, con insinuaciones vulgares sobre su pene hechas a la joven de 20 años, en el dormitorio de “La Casa”.

Cuando fue citado para recibir su sanción, menor por cierto en relación al hecho, Alfa de 60 años, se mostraba desorientado, confuso, como si no comprendiese la gravedad de la situación, y seguramente no la comprende.

Este señor forma parte de una cultura social subyacente que no cede. Las insinuaciones vulgares hacia las mujeres, siguen siendo una problemática cotidiana que no encuentra sanciones adecuadas o suficientes, ni tampoco son objeto de campañas eficientes por parte de las autoridades.

En nuestro país, el 97% de las mujeres fueron víctimas de acoso sexual callejero, según un estudio realizado por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

En el sondeo, titulado “Situación de adolescentes y jóvenes ante el acoso sexual callejero”, fueron encuestadas unas 75 mujeres y niñas de entre 13 y 30 años del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Mientras el 53,3% residía en la CABA, el 46,7% lo hacía en el Gran Buenos Aires, y más de la mitad de estas personas manifestaron que comenzaron a sufrir acoso antes de los 13 años.

La calle no es el único lugar de riesgo. En una nueva Encuesta Anual sobre la Mujer en el ámbito laboral, la ONG Defendamos Buenos Aires, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, señaló que el 66 por ciento, es decir dos de cada tres mujeres, sufren algún tipo de abuso o violencia en el trabajo.

El relevamiento arrojó que el 70 por ciento señaló haber sufrido algún tipo de acoso sexual en el trabajo, mientras que el 55 por ciento indicó que padeció acoso laboral y el 40 por ciento algún tipo de comentario machista.

Las mujeres, no solamente sufren desventajas en términos de compensación por su trabajo, es decir se les paga menos que a los hombres, sino que además su acceso a los cargos gerenciales resulta mucho mas complejo y encima, deben desarrollarse laboralmente en medio de situaciones de acoso sexual. El panorama es realmente nefasto.

Tales porcentajes indican que la actitud de este Alfa, no es mas que parte de esquema cultural que se mantiene intacto, pese a los promocionados avances en materia de derechos. El problema es que, si los derechos se proclaman, pero no se efectiviza su protección, son simples declamaciones.

El actual gobierno innovó en la materia, creando el Ministerio de la Mujer, pero “tener Ministerio” no vale nada si se lo utiliza como una mera estructura para contener militancia y nada se genera desde allí. No ha habido en estos tres años de gestión, proyectos serios y fundados, por ejemplo, para mejorar la situación laboral de las mujeres, ni campañas masivas y adecuadas para modificar un comportamiento culturalmente todavía aceptado.

La protección de estos derechos en el ámbito laboral resulta sustancial. Las mujeres trabajan, como cualquiera, por varios motivos, pero uno sustancial, es porque necesitan el ingreso para sostener a su familia. En muchos casos, perder el trabajo no es una opción, menos en estos tiempos y en esta Argentina. Por ende, la situación de tener que soportar acosos, cotidiana y permanente es una problemática sin salida. Y la falta de acción estatal, es en buena parte responsable de ello.

Entre otras cosas, la aplicación de la Ley Micaela no es todavía obligatoria para las empresas privadas, lo cual es realmente delirante e inexplicable. Pero además, las sanciones son insuficientes.

Juan Pablo Chiesa, abogado Especialista en Derecho del Trabajo y presidente de APREEA, le explicaba el año pasado al portal Ámbito Financiero que: “El acoso sexual en contexto laboral es una de las manifestaciones más crudas de la violencia de género con gran crecimiento en los últimos años. Sin embargo, esta conducta está siendo resistida por el ordenamiento normativo argentino, no solo en el derecho penal y del trabajo sino que, atraviesa sus fronteras involucrando el derecho a la salud, a la seguridad y a la dignidad de la persona humana, como así también la efectiva participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad en condiciones igualitarias y dignas”.

El mismo especialista indicaba en dicho artículo que: “esta conducta constituye una seria violación del derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas y tales actos son percibidos por parte de las mujeres como una expresión de la discriminación social, ética, moral y laboral. Esta conducta contamina el entorno laboral y tiene un efecto nocivo para la salud, la confianza, la moral, la psiquis y el rendimiento de las personas con independencia de su género, que lo padecen, con graves consecuencias altamente lesivas para la intimidad y la dignidad de las personas”.

La descripción de la problemática es precisa y si buscamos una sociedad justa, debemos proceder al menos en tres sentidos: 1) creando un sistema legal protectivo, ejemplificador y amigable para las víctimas; 2) generando campañas de difusión permanentes e intensivas para establecer un cambio cultural sin el cual, la problemática no va a resolverse; 3) con el compromiso completo y total de los hombres que comprenden lo humillante de la situación.

Y no solo el Estado debe comprometerse. Los medios de comunicación tenemos que cumplir un rol determinante en ese proceso de cambio cultural. Nuestro compromiso debe ser inexorable y articulado, debemos ser implacables con este enorme déficit social y proponer acciones y campañas conjuntas de concientización. Abrir nuestras puertas a las denuncias y comprometernos con la víctimas. Ninguna campaña será mas eficiente, que la de todos los medios articulados con un mismo fin.

Alfa es solamente un ejemplo televisivo de lo que cotidianamente pasa en las calles, en los ámbitos laborales, en un recital o en un bar. Y debe parar. Es una enorme deuda que tenemos como sociedad.