La Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra actualmente en proceso de evaluación de un pedido de amparo presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Mieli, el cual busca desregular la economía.

En respuesta al pedido de amparo, la Corte ha solicitado la opinión del Procurador General de la Nación provisorio, Eduardo Casal, antes de tomar una decisión sobre si acepta tratar el tema. Asimismo, se ha resuelto que la posición de la Corte será definida después de la feria judicial de enero, es decir, en febrero.

El motivo de este trámite se debe a que se considera que se trata de un conflicto originario entre las provincias y el gobierno nacional, a pesar de que más de 25 solicitudes de suspensión del DNU están siendo tramitadas en juzgados de instrucción, presentadas por sindicatos, abogados u ONGs.

La provincia de La Rioja ha solicitado a la Corte Suprema que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar para suspender de inmediato su aplicación y que asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto. Sin embargo, el máximo tribunal ha dado vista al procurador interino y ha denegado abrir la feria, que técnica y legalmente comienza el lunes y se extiende por todo febrero.

La presentación de La Rioja se realizó a través de una "acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador Quintela, con el patrocinio de los abogados Raúl Zaffaroni y Raúl Ferreyra. Es importante destacar que Quintela recurre ahora a la Corte, a pesar de haber apoyado anteriormente la iniciativa de la ex presidenta Cristina Kirchner de abrir un juicio político a los miembros del máximo tribunal.

La Corte ha dado vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es competencia del máximo tribunal, al tiempo que ha denegado abrir la feria, indicando que las cuestiones serán estudiadas después del receso correspondiente a la próxima feria judicial de enero.

En la "acción declarativa de certeza" de La Rioja se ha solicitado la declaración de la nulidad del decreto n°70/2023 por considerarse manifiestamente contrario a la Constitución, y se pide una medida cautelar que suspenda los efectos del DNU, así como la orden al Poder Ejecutivo de no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa.

La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que la causa tiene como parte a una provincia que demanda al Gobierno nacional. Los abogados del gobernador Quintela argumentan que la instancia originaria de la Corte es aplicable a las causas que surjan entre una provincia y el Estado federal, en todo tipo de asuntos.

El DNU firmado el 21 de diciembre pasado y puesto en vigencia hoy "produce perjuicios irreparables por resultar contrario a los artículos de la Constitución federal y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos", según han afirmado los abogados Zaffaroni y Ferreyra.

El Gobierno de La Rioja ha solicitado habilitar la feria judicial para tramitar la causa principal y para el dictado, notificación y cumplimiento de la medida cautelar pedida. El gobernador Quintela ha manifestado su reclamo en nombre de la provincia, buscando una resolución judicial que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de la democracia.

Hasta el momento, se han presentado alrededor de treinta amparos en contra del DNU de desregulación económica, pero ningún juzgado ha dictado medida cautelar para suspender su vigencia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá decidir si habilita la feria judicial de enero, así como si dicta la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del DNU.