Casi seis años después de que el Gobierno manejó a su gusto Aerolíneas Argentinas, el presidente de la compañía aérea, Mariano Recalde, reconoció que la empresa aún no es del Estado y que aún falta un "trámite" como para que se termine la estatización.

Según el militante de La Cámpora, lo paradójico de esta situación es que justamente esa debilidad se ha convertido en una fortaleza en estos tiempos . Sucede que dado que el Estado aún no es propietario, sus activos no podrían embargarse en caso de ser apuntados por los fondos buitre que lograron una sentencia a su favor en Nueva York.

Además, Recalde reconoció que no lo preocupa la posibilidad de que se embarguen los aviones de la empresa. "Estamos tranquilos. Ya hubo anteriormente intentos de embargar aviones de Aerolíneas Argentinas que fracasaron, no hay posibilidades de que embarguen por distintas cuestiones jurídicas. Estamos tranquilos, la operación internacional va a seguir funcionando normalmente", dijo ayer en declaraciones radiales.

Al ser consultado sobre cuáles eran esos argumentos jurídicos, agregó: "Los aviones de Aerolíneas Argentinas que vuelan al exterior son aviones que Aerolíneas adquirió a través de un contrato de leasing. Y el leasing es un alquiler con opción de compra, pero no ingresan a la propiedad de Aerolíneas hasta el final. Mientras tanto, no pueden ser embargados porque el dueño es otra persona, un banco, un inversor o la fábrica de aviones".

Justamente los anuncios de la compra de nuevos aviones para la línea de bandera ha sido, y es actualmente, no sólo motivo de publicidad oficial, sino también de mención constante en los discursos oficiales que la presidenta Cristina Kirchner protagoniza. Pero, según reconoció ayer Recalde, las aeronaves no son propiedad de la empresa.

Respecto de la estatización, que se inició en julio de 2008 cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para declarar de interés público la empresa, el ejecutivo reconoció que aún el asunto no está sellado.

"[Aerolíneas] funciona como si fuera del Estado, pero todavía le falta un último trámite para completar el proceso de expropiación. Cuando el Estado decide declarar de utilidad pública cualquier bien, quiere expropiar un edificio, terrenos o aviones, tiene que indemnizar al expropiado. La indemnización se fija de común acuerdo. Si no hay un acuerdo, es un juez el que debe determinar el monto de la indemnización", dijo Recalde.

El juicio por expropiación tramita en la justicia de la Argentina y allí se discute cuánto vale la empresa. El expediente avanzó lento por varias razones, entre ellas el interés de la empresa de mantener la nebulosa societaria respecto de la propiedad de la empresa, que le permite, entre otras cosas, evitar los embargos al Estado por tratarse de una empresa cuya propiedad aún se discute.

"Como no hubo acuerdo con la gente de Marsans, porque pretendía una indemnización y el Estado pretendía no pagarle nada -porque nos dejaron una empresa con valor negativo-, se está tramitando un juicio que tiene sentencia de primera instancia, que le dio la razón al Estado nacional. Ahora está apelada y estamos esperando el fallo de segunda instancia. Si se ratifica esta sentencia, el Estado va a completar el proceso de expropiación sin poner un solo peso", agregó.

La sentencia de primera instancia a la que se refiere se dictó un par de días antes de la audiencia que se celebró en marzo a propósito del juicio en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) que el Grupo Marsans le inició al Estado. Viajar con una sentencia de primera instancia favorable era una buena señal. Los abogados del Estado tuvieron la suerte de su lado: horas antes de viajar, el juez falló a favor.