Un equipo fiscal llevó a cabo la detención por 10 días sin comunicación del hermano y del abogado de la presidenta peruana Dina Boluarte. Se les acusa de presuntamente integrar un grupo que traficaba influencias y de haber concertado con la mandataria la desintegración de un equipo policial de élite que investigaba a su entorno. 

La fiscalía informó a través de sus redes sociales las detenciones realizadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), luego de que el gobierno desactivara un grupo policial que apoyaba a estos fiscales en las investigaciones del entorno de la presidenta, del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), de una suspendida fiscal general y de varios legisladores. 

El allanamiento de las viviendas y la detención de Nicanor Boluarte y del abogado presidencial Mateo Castañeda por 10 días sin comunicación movilizó a un gran número de fiscales y policías. El arresto sin comunicación solo se emplea en casos considerados graves. Se imputa a Nicanor Boluarte, de 64 años, los delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Se le acusa de haber designado prefectos a cambio de dinero y de haber recolectado firmas para la inscripción del partido político "Ciudadanos por el Perú". 

Por su parte, el abogado Castañeda, quien asesora a la mandataria en una investigación por el uso de joyas y relojes de lujo de la marca Rolex, está siendo investigado por presuntamente intentar obtener el archivo de las investigaciones contra Nicanor Boluarte ofreciendo "beneficios" a los miembros del equipo policial que colaboraban en las investigaciones fiscales. 

Según el extenso documento judicial de 192 páginas, el abogado de la presidenta buscó obtener información que pudiera implicar en algún acto ilícito a la mandataria para informarle de inmediato. Además, se sugiere que habría concertado con la presidenta para "defenestrar" al equipo especial de la policía que apoyaba al Eficcop al no haber accedido a las pretensiones ilícitas de neutralizar las investigaciones contra su hermano. 

El fiscal general Juan Villena expresó en las redes sociales oficiales del Ministerio Público que está evaluando la decisión del gobierno de desactivar el equipo policial, decisión que fue firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz. Para la fiscalía, la finalidad de la organización criminal del hermano de la presidenta sería "copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados con el fin de solventar y lograr la constitución del partido político 'Ciudadanos por el Perú', para luego utilizarlo como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y obtener ganancias ilícitas", según lo establecido en el documento judicial.