De los seis proyectos que presentó el Gobierno de Cristina Kirchner para lo que llamó la “democratización de la Justicia”, el CELS se mostró a favor de tres y en contra de uno, y manifestó sus dudas sobre los otros dos.

Antes que nada, consideró que se trata de “una oportunidad para avanzar en temas importantes que han estado relegados” y subrayó la importancia del debate, aunque pidió que sea “más amplio”.

Asimismo, consideró que “algunos de los proyectos representan un claro avance”. Y defendió “la idea de que se promueva un acceso igualitario al Poder Judicial, que se avance en el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, así como que se eleve el estándar de publicidad y accesibilidad a la información sobre actos y estadísticas del sistema judicial”.

No obstante, remarcó la necesidad de que, en este marco, se “avance finalmente sobre la discusión de una ley general de acceso a la información”.

Cautelares polémicas

En el comunicado de prensa divulgado hoy, la mayoría de las críticas fueron para la ley que busca limitar las medidas cautelares. “Presenta problemas de constitucionalidad”, sentenció, en sintonía con las críticas de la oposición política.

En este sentido, sostuvo que “las medidas cautelares constituyen medidas efectivas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad”. Y recordó algunos casos en los que CELS apeló a este recurso “para asegurar el acceso a la educación de migrantes y la definición de alternativas de vivienda de personas desalojadas”, entre otros.

No todo fue crítica: recordó que “a través de un amicus sobre la aplicación de la ley de medios el CELS sostuvo que debía garantizarse también un uso racional de estas herramientas”, y opinó que “tiene valor positivo el esfuerzo por defender los intereses del estado”.

Sin embargo, concluyó: “El problema es que la forma en que se las propone regular pierde de vista que lo prioritario debería ser restringir el uso de las cautelares en casos netamente patrimoniales, en los que el Estado incluso puede ser la variable más débil de la relación para, en cambio, fortalecer y darle total vitalidad y vigencia a las cautelares que pretendan proteger a personas o colectivos frente a actos estatales violatorios de derechos fundamentales”.

Propuesta

Al respecto, el organismo anunció que presentó a los Senadores “observaciones técnicas y algunas propuestas para reformular el texto del proyecto, de modo de cumplir con el objetivo de evitar los usos abusivos que se han conocido en estos años, pero al mismo tiempo dar lugar al uso de la cautelar como parte de la obligación estatal de garantizar la tutela judicial de sectores a los que les es difícil acceder a una defensa rápida y eficaz de sus derechos”.

“El peso de la regulación debería estar en establecer pautas de procedimiento que exijan al juez y a las partes diligencia para llegar rápido a la decisión de fondo”, insistió.

Dudas

El organismo manifestó sus “dudas” sobre los otros dos proyectos impulsados por el kirchnerismo.

Sobre la creación de nuevos tribunales de casación, señaló que “la inclusión de nuevas instancias remite más a la verticalidad” del Poder Judicial. Y cuestionó que “puede afectar los tiempos” judiciales.

En cuanto a la reforma del Consejo de la Magistratura advirtió que es “una opción valorable la elección popular de sus integrantes para romper lógicas corporativas”. Pero aclaró que “esta decisión genera algunos problemas que deberán atenderse”.

En este sentido, reflexionó: “Es necesario evaluar de qué modo se puede garantizar que la elección de los jueces, vehiculizada por elecciones abiertas, quede referenciada como representación del sector judicial”. Y criticó el sistema de “boleta sábana”, al tiempo que destacó que “contar con más de una minoría (en el Consejo) puede mejorar el escenario”.