El Senado intentará debatir mañana el proyecto de ley de regulación de las empresas de medicina prepaga.

La iniciativa, aprobada por Diputados en 2008, estuvo veinte meses cajoneada en la comisión de Salud y perderá estado parlamentario si no es aprobada esta semana.

Los legisladores deben afrontar un monumental lobby de algunos medios que catalogan de “peligrosa” esta norma, pese a que obtuvo un consenso total en la Cámara baja.

Por Continental, Pedro Busetti destacó que “la norma propone la creación de una autoridad de aplicación donde dirimir los problemas de los afiliados sin necesidad de recurrir a la Justicia, como sucede hoy en día”.

El presidente de la ONG Defensa de Usuarios y Consumidores explicó que, “de aprobarse la norma, las prepagas no podrán fijar unilateralmente las cuotas ni aumentárselas a los afiliados cuando cumplen sesenta y cinco años”.

En La Mañana, descartó que la aprobación de la norma “implique un riesgo de quiebre para las firmas”, como aseguran los empresarios y el lobby mediático, “ya que habrá un consejo consultivo en el que tendrán participación y que hará un seguimiento de la ley. No plantea ni la aniquilación ni la quiebra de ninguna empresa, sino regular la actividad para que los cinco millones de afiliados tengan la protección que no tuvieron desde hace veinte años”, es decir, desde que la salud se convirtió en un negocio en vez de en un servicio público.