El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense resolvió este lunes reponer en su cargo al suspendido juez de Garantías 3 de San Isidro, debido a que no prosperó ninguna de las acusaciones en su contra en el marco del juicio político que se le sigue.

Desde las 9, en el anexo del Senado provincial, ubicado en calles 7 y 49, del centro platense, el jury se reunio para notificar a las partes sobre el desistimiento del intendente sanisidrense, Gustavo Posse, de seguir con el juicio, por lo que correspondería la absolución de Sal Lari.

Al iniciarse el proceso el 5 de julio pasado, la Comisión Bicameral, integrada por cinco senadores y siete diputados, no sostuvo ninguno de los cargos que se habían presentado contra el magistrado por presunto mal desempeño, por lo que la defensa del juez pidió su inmediata absolución.

Sin embargo, el jury, antes de resolver, debió darle vista a los particulares que lo habían acusado previamente: el intendente Posse y Carla Regis, hija del ingeniero Carlos Regis, asesinado durante un asalto en Béccar, en 2008, por dos delincuentes.

Siete meses antes de ese hecho, Rafael Sal Lari había excarcelado bajo caución juratoria a uno de los ladrones, Sebastián Bordón, imputado de portación ilegal de arma de fuego, y no recibió objeción de la fiscalía.

La familia Regis, apoyada por Posse, denunció a Sal Lari con el argumento de que si no se hubiera dado la libertad a Bordón, el homicidio no hubiera ocurrido, pero la defensa del juez considera esa postura "débil" porque un magistrado no puede hacer "futurología". El 12 de julio último, el presidente de la Suprema Corte y del Jurado, Eduardo de Lázzari, notificó a Posse que debía depositar una caución de 180.000 pesos si quería continuar con el juicio y le dio un plazo de cinco días para depositar el dinero, pero el intendente desistió.

Sal Lari fue suspendido en su cargo en abril del año pasado, luego de que el jury decidió acusarlo por una de las 11 causas por las que lo habían denunciado: el denominado "Caso González".

El juez está acusado por no haber efectivizado, luego de siete meses, la libertad concedida en 2005 a un imputado llamado Jorge González, a quien la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro le había revocado la prisión preventiva ordenada por Sal Lari. Al iniciarse el juicio, la Comisión Bicameral desistió de la acusación porque después de que el juez fuera suspendido, la misma Cámara lo sobreseyó en la causa penal que se le había iniciado por no liberar al detenido.

Al presentar su defensa ante el jury el año pasado, Sal Lari había explicado que la orden de libertad del detenido González fue confeccionada y despachada a la seccional por la secretaria del juzgado y fue recibida por la Policía. Sin embargo, el imputado salió libre recién siete meses después, lo cual derivó en una sanción disciplinaria de 15 días por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA) a la secretaria, ya que se entendió que no controló la acción policial.

Por Continental, Viviam Perrone, presidenta de la Asociación Madres del Dolor, anunció una marcha a la Legislatura platense pidiendo "que no restituyan" al magistrado.