El Ministerio de Salud de la Nación publicó ayer la guía médica para realizar abortos no punibles en los hospitales públicos sin orden judicial.

El protocolo incluye todos los casos de violaciones y aquellos en los que peligra la vida de la embarazada.

No exige pruebas, y podrá pedirlo, por ejemplo, toda mujer que diga bajo juramento que fue violada.

Por eso, los críticos de la medida sostienen que es una legalización de hecho del aborto.

Por Continental, la diputada Cecilia Merchán consideró, en cambio, que la publicacióin ministerial “es un avance enorme. Hubo casos de niñas violadas que tuvieron que esperar la decisión de la Justicia hasta que fue demasiado tarde”, debido a la obstrucción de organizaciones antiabortistas, recordó.

La legisladora de Libres del Sur alertó que “es una necesidad terminar con el negocio de los abortos clandestinos, que provoca la muerte de miles de mujeres por año”.

“Lo que decimos desde la Campaña por un Aborto Seguro, Legal y Gratuito es que no solamente en los casos de violación, en que corra riesgo la vida de la madre o en los casos no punibles, las mujeres llegan en situaciones límites para decidir esta situación. Por eso hay quinientas mil mujeres por año llevando adelante la interrupción del embarazo”, reseñó en La Mañana.

“No podemos seguir permitiendo la clandestinidad, que se enriquezca un puñado de mafiosos y que muera miles de mujeres”, planteó Merchán.

Y anticipó que el debate por la despenalización del aborto voluntario se daría en el Congreso “apenas termine el receso invernal”.