Este viernes, la Cámara Federal rechazó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación sobre su intento de asesinato. De acuerdo con la Senadora de la Nación, la jueza Capuchetti no ha investigado las patas políticas que hay detrás de su atentado y ha demorado la causa, la cual ya tiene más de 25 mil fojas. 

En la audiencia del miércoles, el abogado José Manuel Ubeira, representante legal de CFK junto a Marcos Aldazabal, aseguró que si a la vicepresidenta o sus hijos les pasa algo será responsabilidad de Capuchetti. En respuesta, el juez Leopoldo Bruglia dijo que eran “impropias las expresiones vertidas por el Dr. Ubeira en los momentos finales de la audiencia”. 

Por otro lado, en paralelo el organismo ordenó investigar más para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella y que salpica al diputado del PRO, Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. 

Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, declararán dos diputados del Frente de Todos para saber qué conocen de la hipótesis que pone a Milman como sospechoso. Declarará nuevamente al testigo Jorge Abello, que atestiguó que escuchó esa frase; se citará a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos, Mario Leito. 

Una vez expuestas las declaraciones, la jueza deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista. Esto viene a raíz de que la “gravedad institucional” detrás de este intento de homicidio impone que “se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”.

"Si bien consideramos que, con acierto, la Sra. Jueza ha procurado evitar un menoscabo a las garantías constitucionales de dos testigos -respecto de quienes no se acreditó por el momento ninguna vinculación delictiva al caso-, lo cierto es que dada la gravedad institucional del hecho aquí investigado -el intento de dar muerte a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elisabeth Fernández- tornan imperiosa la producción de todas aquellas diligencias probatorias que puedan resultar pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad, sin escatimar esfuerzos y premura, aunque optando siempre por la alternativa que resulte menos lesiva para las garantías constitucionales en juego”, aseguraron.