En medio de una disputa entre los gobiernos nacional y porteño, continua la tensión por el inminente desalojo en las viviendas del Bajo Flores ordenado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella quien mantenía firme la medida.

Mientras la Policía Federal y efectivos de la Metropolitana rodeaban el predio, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y de la Nación se alternaban para deslindar responsabilidades en el conflicto desatado el domingo pasado, tal como sucedió en diciembre con la ocupación del parque Indoamericano.

El ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que "el Gobierno Nacional y la Policía Federal deben cumplir con la orden de desalojo que dictó el juez Luis armella".

"Yo no tengo duda de que acá hay desobediencia del Gobierno Nacional", indicó.

Afirmó que "mantiene diálogo con la ministra Garré para hallar una solución a las personas que debían entregarles las casas y se las ocuparon".

El ministro de seguridad porteño, Guillermo Montenegro, afirmó que "no tiene ningún sentido discutir sobre jurisdicciones en este caso".

Resaltó que "no es una cuestión política sino un tema judicial, porque hay un delito y se debe revertir la ocupación".