La iniciativa del gobierno porteño, que se hizo ley tras votarse en la Legislatura porteña el pasado jueves 15, se puso en marcha a partir de 2010 y dispone que los taxistas pueden cancelar multas a cambio de realizar viajes comunitarios, es decir, de transportar gratis a jubilados, personas con discapacidades o con otras necesidades.

El alcance de la norma, votada por el macrismo y el kirchnerismo se extendió de forma tal de incluir también a los remiseros, según informa hoy el diario Clarín. El proyecto de ley fue presentado por Claudio Palmeyro, presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte de la Legislatura e integrante del Sindicato de Peones de Taxis.

El sistema funciona de la siguiente manera: cuando un controlador de faltas cita a un chofer de taxi o remis que cometió una infracción, le realizará la quita de puntos correspondiente según el scoring, pero le dará la opción de hacer traslados comunitarios en lugar de pagar la multa.

Aquellos taxistas o remiseros que quieran cancelar sus sanciones bajo esta modalidad deberán inscribirse en una lista que manejará la Subsecretaría de Justicia. Luego, la Subsecretaría de Promoción Social les envía una nómina con las personas que precisan traslados gratuitos (por ejemplo, de su hogar a un consultorio médico) para que se realice el viaje.

El monto a pagar se alcanza mediante un cálculo realizado por la Subsecretaría de Justicia, que elabora una escala de horas de viaje y su equivalente en pesos. Este cómputo fue uno de los puntos más polémicos de la norma, ya que los taxistas cubrían multas caras con unos pocos viajes.

Los detalles de la iniciativa se definirán una vez que el Ejecutivo porteño reglamente la ley, pero, en principio, la norma prevé que la modalidad de viajes comunitarios cubra tanto multas como resultado de infracciones leves como graves. El sistema también permitiría cancelar sanciones anteriores a la aplicación de la medida.

Desde la Cámara Argentina de Agencias de Remise dijeron: "En momentos de crisis, es útil para los choferes poder cancelar sus multas así, sin tener que pagar, especialmente para los remiseros de las agencias de barrios. Pero nos parecería mejor si la ley estuviera acompañada con la obligatoriedad de que el chofer realice un curso de educación vial y manejo seguro, para que aprenda a no volver a cometer la infracción".

A los especialistas en seguridad vial no les convence el sistema: Eduardo Bertotti, presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial, opinó que las infracciones graves no deberían estar incluidas en la modalidad, en tanto que Alberto Silveira, titular de Luchemos por la Vida, sostuvo: "Este sistema hace que se pierda totalmente el efecto correctivo de la sanción y además plantea una desigualdad irritante con los automovilistas particulares, que sí tienen que pagar. Los conductores profesionales son justamente quienes más controlados deberían estar".