Recientemente, 33 militares venezolanos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada, acusados de estar implicados en conspiraciones para atentar contra el gobierno de Venezuela, incluyendo presuntos planes de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Esta medida ha generado controversia y críticas, tanto a nivel nacional como internacional.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, señaló que estos militares estaban presuntamente involucrados en la planificación de acciones criminales y terroristas, incluyendo el asesinato del presidente, lo cual fue considerado como "Actos de Traición a la Patria". Sin embargo, expertos en el tema han identificado irregularidades en el proceso de degradación y expulsión de estos militares, cuestionando la transparencia y legalidad de estas medidas.

Las denuncias de magnicidio no son nuevas en el contexto político venezolano. Además, se denunció la complicidad de agencias de inteligencia de Estados Unidos, así como del Ejército colombiano en estos presuntos planes.

Estados Unidos expresó su preocupación por estas detenciones, calificando los motivos como "poco creíbles" y señalando que van en contra del acuerdo de hoja de ruta electoral firmado en 2023 entre la oposición y el gobierno venezolano. Este acuerdo buscaba celebrar elecciones presidenciales con observación internacional, a cambio de flexibilizar el embargo al crudo venezolano.

Por su parte, el gobierno venezolano rechazó categóricamente estas acusaciones, calificando el comunicado estadounidense como "cínico" y acusando a Washington de abogar a favor de operaciones terroristas en Venezuela. Esta situación ha generado tensiones tanto a nivel interno como en las relaciones internacionales de Venezuela.

En resumen, la expulsión y degradación de los militares venezolanos acusados de conspiraciones para atentar contra el gobierno de Maduro ha generado controversia, con críticas a la transparencia y legalidad de estas medidas, así como tensiones en las relaciones internacionales de Venezuela.