La justicia francesa comienza a cercar al ex presidente francés Nicolas Sarkozy, luego de que esta madrugada fuera detenido su abogado y dos importantes magistrados acusados de haber advertido al ex mandatario de que la Justicia había intervenido su teléfono móvil. El abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y el magistrado de la Corte de Casación Gilbert Azibert, fueron interrogados en sus domicilios esta madrugada y luego detenidos por policías de la Oficina central de lucha contra la corrupción y las infracciones financieras y fiscales (OCLCIFF). 

La OCLCIFF busca establecer si Sarkozy, con el apoyo de su abogado, obtuvo informaciones confidenciales de Azibert a cambio de que el ex mandatario utilice su influencia para promoverlo a un mejor puesto. Otro magistrado, Patrick Sassoust, abogado general de la Camara criminal de la Corte de Casación, también fue detenido a primeras horas de esta mañana. Los tres hombres serán interrogados por "trafico de influencias" y "violación del secreto de instrucción", investigación a cargo del Polo Financiero del Tribunal de gran instancia de París. 

El diario Le Monde, que menciona diferentes fuentes, afirma que Sarkozy será citado a declarar en los próximos días en la sede de la OCLCIFF en Nanterre, en el límite sureste de la capital francesa. "Un sismo para la magistratura y el sarkozismo", afirma hoy el sitio independiente Mediapart, mientras que el diario Libération recordó que las escuchas al ex Jefe de Estado fue decidida en septiembre de 2013, en el marco de otra investigación preliminar en torno a las acusaciones de financiamiento de su campaña presidencial de 2007 por parte del ex líder libio Muammar Kaddafi. 

Asimismo, Le Monde sostiene que la investigación busca dar con "una red de informantes" en el seno de la policía y la Justicia, susceptible de informar al ex presidente sobre los procesos judiciales que pueden amenazarlo. Las sospechas se incrementaron a fines de 2013, cuando los investigadores constataron un tono lacónico al teléfono y descubrieron que Sarkozy poseía otro teléfono celular con un nombre falso, adquirido por su abogado para mantener la confidencialidad en sus conversaciones. 

En esa oportunidad, el abogado del líder conservador denunció un "caso político" y llevó a Sarkozy a salir de su autoimpuesto silencio al firmar una columna en el diario conservador Le Figaro, el 21 de marzo, fijando posición. Sarkozy denunció allí las "manipulaciones groseras" del "poder en plaza" y acusó a la Justicia francesa de utilizar métodos de la Stasi, la policía política de la Alemania oriental reconocida por haber realizado numerosas escuchas de sus ciudadanos. 

La presión de la Justicia francesa sobre Sarkozy tiene lugar en momentos donde su partido, la Union por un Movimiento Popular (UMP) se encuentra amenazada por divisiones, derrotas electorales y deudas que pueden llevarla al quiebre y la colocan en peligro de eclosión. Además de la investigación sobre el posible tráfico de influencia y el posible financiamiento de su campana electoral con dinero libio, la Justicia gala mantiene abierta varias investigaciones donde figura el nombre del ex mandatario, de 59 años y retirado de la política tras la derrota en su intento de reelección, en mayo de 2012, frente al socialista Francois Hollande. 

La semana pasada, la Fiscalía de París abrió una investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial de 2012, apuntando a la costosa organización de sus actos, financiados por su partido para poder pasar el limite de gastos permitido.  Además, en el caso sobre el arbitraje que benefició al controvertido empresario Bernard Tapie en detrimento del Estado, el ex ministro de Interior y amigo personal de Sarkozy, Claude Gueant, fue procesado. 

Otro amigo personal y asesor de Sarkozy, Michel Gaudin, fue procesado recientemente por un caso que investiga sobresueldos durante su mandato. La Justicia gala también investiga los contratos que el gobierno de Sarkozy realizó con institutos de encuestas durante su mandato (2007-2012).