El juez Baltasar Garzón fue condenado por un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación. Es por ordenar las escuchas entre los cabecillas de una trama de corrupción de altos dirigentes del Partido Popular y sus abogados.

La acusación había solicitado entre 10 y 17 años de inhabilitación por haber vulnerado su derecho de defensa, al haber intervenido las comunicaciones en prisión entre algunos abogados del "caso Grtel", trama vinculada al Partido Popular y sus clientes.

Garzón dijo, durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo el mes pasado, que ordenó intervenir las conversaciones al considerar que podría existir connivencia entre los abogados y sus clientes para esquivar del alcance de la justicia.

"El propósito desde el principio fue sacarlo de la carrera judicial, pero no deja de ser muy triste. Es un baldón para la Justicia española y un ataque profundo a la independencia del poder judicial", señaló por Continental Carlos Slepoy.