Quienes participen de tomas de establecimientos educacionales como colegios, liceos o universidades podrán ser condenados hasta con tres años de cárcel, si prospera una reforma al Código Penal que propone el Gobierno de Sebastián Piñera.

La modificación, que deberá ser aprobada por el Parlamento, endurece las penas a quienes agredan a Carabineros en manifestaciones públicas y establece como delito la "ocupación o invasión ilegal de inmuebles", entre ellos colegios y liceos. La norma incluye viviendas y recintos comerciales, industriales, religiosos o educacionales, y quienes los ocupen podrían recibir condenas de entre 541 días hasta tres años de cárcel.
 
El proyecto de ley, firmado ayer por Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se adopta en medio de un prolongado conflicto que el gobierno chileno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que ha llevado la popularidad del Presidente a 22 por ciento, el nivel más bajo en lo que va del mandato.