El Senado español dio, el miércoles, luz verde a la ley propuesta por el gobierno del Partido Popular (PP) dirigido por Mariano Rajoy que contempla una serie de medidas para reforzar la protección a los deudores de préstamos hipotecarios ante los desahucios.

Al igual que en el Congreso de Diputados de España, la ley pasó por el Senado con el único respaldo del PP y pese al rechazo de la oposición, que considera que no es suficiente y que debería contemplar la dación en pago de la vivienda -transmisión al acreedor de una compensación por la deuda- para los que no puedan pagar el préstamo hipotecario.

Una veintena de afectados por desahucios protestaron desde la tribuna durante la votación, exhibiendo pancartas de "Stop desahucios. No más muertes".

Con gritos de "sí se puede", los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que presenciaron en la tribuna las seis horas de debate, fueron desalojados del salón mientras increpaban a los senadores del PP.

A las puertas del Senado, otra treintena de integrantes de la Plataforma, vigilados por un dispositivo especial de la Policía Nacional, se habian concentrado para advertir de que "no se rendirán" y que las movilizaciones contra la normativa proseguirán su curso.

En el transcurso del debate, se rechazaron las tres propuestas de vetos -de nacionalistas catalanes de Entesa y del grupo socialista- y las 273 enmiendas planteadas por la oposición, mientras que el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, tuvo que pedir en numerosos ocasiones silencio a los senadores y a la tribuna ante la interrupción de los discursos de los intervinientes.

La norma suspende los desahucios de las viviendas durante dos años en el caso de los colectivos más vulnerables, modifica el régimen de subastas y limita los intereses por demora.

En cuanto a la dación en pago, uno de los puntos más polémicos, la ley la contempla pero sólo como parte del código de buenas prácticas bancarias que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda en casos de especial vulnerabilidad, aunque no incluye el carácter universal y retroactivo que se pedía en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), firmada por millón y medio de personas.

La crisis en España y el elevado índice de desempleo (más de un 27% de la población activa) afecta a muchas familias que no pueden pagar las hipotecas de las viviendas adquiridas, en muchos casos, durante el boom inmobiliario.

En este contexto, el Parlamento de la región de Andalucía ha convalidado, el miércoles, un decreto sobre la función social de la vivienda, que establece la posibilidad de expropiaciones temporales para dar viviendas a las familias afectadas por desahucios.