El Senado convirtió en ley los proyectos que obligan a subir a Internet las decisiones de la Corte Suprema y las cámaras federales; y el acceso a las declaraciones patrimoniales de magistrados y funcionarios públicos. Además, remitió a Diputados la iniciativa que cambia las condiciones para el ingreso de personal al Poder Judicial.

La Cámara alta aprobó la iniciativa de la publicación de las decisiones de Corte por 44 votos contra 21; la de las declaraciones juradas por 43 a 22, y la de ingreso al Poder Judicial por 42 a 23.

Las tres iniciativas fueron tratadas en conjunto, presentadas por el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Pedro Guastavino, quien explicó las modificaciones que le realizaron durante un plenario de otras dos comisiones la semana pasada.

Durante el debate, los radicales Laura Montero y Luis Naidenoff criticaron las iniciativas y expresaron que por "la irregularidad del funcionamiento de las instituciones y de todos los organismos de control", se proponían votar en contra.

Quienes se manifestaron a favor de los proyectos fueron la justicialista salteña Sonia Escudero y la oficialista riojana Teresita Luna.

La iniciativa sobre declaraciones juradas establece que "todo aquel interesado en acceder a la información de las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por las personas que se encuentran obligadas en virtud de la Ley de Etica Pública podrá efectuar la consulta en forma gratuita a través de Internet, a los fines de profundizar el proceso de transparencia en el desempeño de la función pública en todos sus ámbitos".

Durante la sesión, los senadores remitieron a Diputados la iniciativa que cambia las condiciones para el ingreso de personal al Poder Judicial, que establece las condiciones de acceso mediante concursos, y fue modificado por el oficialismo en el Senado tras su aprobación en la cámara baja.

Fueron modificados el artículo 5 para otorgar al titular de una cámara la posibilidad de "designar en forma directa (sin concurso) dos cargos letrados", así como el artículo 10, que ahora señala que en los concursos para el ingreso de personal la autoridad de aplicación será la Corte Suprema Justicia. También el 11, que establece que "la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos serán dispuestos por la Corte y al Ministerio Público".