Cientos de civiles armados mantenían hoy bajo su control varios edificios públicos de Chilapa y todos los accesos a esa ciudad del estado Guerrero, en el sur de México, tras haber asaltado y desarmado ayer la sede de la Policía Municipal. Según la prensa local, dijeron que no abandonarían esas posiciones hasta que el director de Seguridad Pública del municipio, Job Encarnación, sea destituido o se detenga a los responsables de la violencia que azota a la zona.

Jefes del Ejército y la Policía Federal dialogaban esta tarde con los responsables de las acciones, en procura de que devolvieran las armas, mientras grupos de civiles protestaban con pancartas contra la violencia y el crimen organizado. En la tarde de ayer, unas 30 personas que se hicieron pasar por policías comunitarios coparon la sede de la Policía Municipal de Chilapa, secuestraron a por lo menos tres efectivos y robaron todas las armas y municiones que había en el lugar. También desarmaron a efectivos de la Gendarmería (división especial de la Policía Federal), burlaron dos puestos de vigilancia del Ejército y tomaron instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Horas antes, unas 300 personas armadas con palos y machetes habían realizado una manifestación en una zona del municipio y saqueado algunos comercios. La protesta se produjo contra la desaparición reciente de varias personas de la zona, las extorsiones que padecen muchos de sus habitantes y la sensación de inseguridad que afecta especialmente al comercio y la educación, dijeron algunos de esos civiles armados a medios locales. En las últimas semanas Chilapa fue escenario de varios actos de violencia, particularmente vinculada con el enfrentamiento de Los Ardillos y Los Rojos, dos organizaciones criminales que se diputan la supremacía del tráfico de drogas en la región.

El 1 de este mes fue asesinado Ulises Quiroz, candidato a alcalde de Chilapa por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobierna el país. Chilapa está a poco más de 150 kilómetros al sudeste de Iguala, el municipio guerrerense donde el 26 de septiembre pasado desaparecieron 43 estudiantes, en un caso que conmovió al mundo y causó una crisis al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.