Amnistía Internacional (AI) exigió al gobierno de Paraguay que coopere con la Justicia argentina en la querella presentada contra los responsables de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), y consideró "preocupante" que 25 años después de su derrocamiento las víctimas no hayan sido reparadas.

La organización explicó en un comunicado que apoya plenamente esa querella, presentada en agosto pasado en la Argentina por trece demandantes individuales, como única puerta abierta para combatir la impunidad y la "inacción del Estado paraguayo" en relación a los crímenes de la dictadura.

"Paraguay ha ignorado sus responsabilidades internacionales de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país en la época del régimen militar", dice el texto, recogido por EFE.

Añade que Paraguay "tiene una deuda con la sociedad y con las víctimas y sus familiares por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país entre 1954 y 1989", el tiempo que permaneció en el poder Stroessner, derribado por un golpe militar cuyo aniversario se cumple el próximo lunes.

AI calificó de "inaceptable" esta situación de impunidad, en especial cuando el Gobierno paraguayo dispone desde 2008 del informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CJV), donde se documentan los crímenes de lesa humanidad, genocidio y violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

"Sin embargo no ha habido un proceso judicial para abarcar estos casos y llevar a todos y todas las responsables ante la justicia", lamenta AI.

La organización cree que la esperanza de las víctimas está puesta en esa querella y en el principio de la Justicia universal que permite que otro país pueda investigar este tipo de crímenes en situaciones de impunidad.

La querella, que recayó en el magistrado Norberto Oyarbide, está promovida, además de por los 13 demandantes, por el Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista y la Fundación Celestina Pérez de Almada.

La demanda fue presentada contra los 448 presuntos represores identificados por la CJV y se extiende a "otros que pudieran resultar de la investigación procesal".

En su informe, la CVJ registró también 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física, mientras que otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.