No ha de haber peor situación para un padre o una madre que verse obligado admitir la codicia de un hijo y, cual valor agregado, de su familia política. Le tocó en 2011 al rey Juan Carlos de España con Iñaki Urdangarin, esposo de su primogénita, la infanta Cristina de Borbón, imputado por malversación y fraude con fondos públicos a través del Instituto Noós (sin fines de lucro, en apariencia). Le toca en 2015 a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, salpicada por los negocios turbios de su hijo, Sebastián Dávalos, en beneficio de su mujer, Natalia Compagnon, abusando de una posición privilegiada como director sociocultural de La Moneda.
“No dudo un milímetro de la honestidad de la presidenta Bachelet, pero su respuesta fue tardía y, a mi juicio, insuficiente –me dice el ex diputado socialista chileno Marco Enríquez-Ominami, líder del Partido Progresista–. Los chilenos no pueden aceptar de ella una respuesta minimalista. Me parece una insuficiencia intelectual que un político proclame que deben investigarse los casos de corrupción, así como me parece una bobería que alguien se asombre porque las empresas financian las campañas. Es así. La discusión es si financian tu programa, si compran tu conciencia. Pepe Mujica no es fascinante por su pobreza, sino por su libertad”.
El escándalo de corrupción que llevó a los suelos la popularidad de Bachelet, llamado Nueragate, es inusual en Chile, habitualmente bendecido por los índices de transparencia global. Coincide con el Caso Penta, que amenaza con dinamitar a la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido de la coalición gubernamental durante la gestión de Sebastián Piñera, enrolado en Renovación Nacional. En el fraude de Penta, que consistía en evasión impositiva por medio de aportes ilegales a las campañas electorales, están implicados los directivos del holding, un ministro y legisladores en ejercicio, un ex subsecretario y dos ex candidatos presidenciales.
“Esto no pasa sólo por el aspecto legal, como dice la derecha –observa Enríquez-Ominami, cineasta, en carrera para reincidir como candidato presidencial en 2017–. Lo importante es el costado ético. Y eso perjudica a la presidenta de Chile, aunque sea honesta. Tiene un déficit de reflexión. Si su hijo hizo un negocio ilegal, lo investigará la Justicia. Yo soy político, no fiscal. Mi pregunta, como la del 70 por ciento de los chilenos, es si tu hijo, días después de las elecciones, pide un crédito bancario aprovechando tu apellido, qué opinión tienes tú, que estás combatiendo la desigualdad. Si la izquierda abandona la ética, qué nos hace distintos de la derecha”.
Dávalos renunció al gobierno y al Partido Socialista. A finales de 2013, el Banco de Chile le otorgó un crédito millonario a Caval, sociedad cuyo 50 por ciento pertenece a su esposa, para desarrollar un proyecto inmobiliario. Ganaron 3,8 millones de dólares, según la revista Qué Pasa, detonante del escándalo. A un año de asumir su segundo mandato, el 11 de marzo de 2014, Bachelet también está bajo la mira por haber permitido que el actual canciller, Heraldo Muñoz, organizara en Nueva York una cena en un yate para recaudar fondos para su campaña en septiembre de 2013.
Muñoz era entonces subsecretario general del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El precio del cubierto escalaba desde 1.000 dólares. Una propina frente a los 1.000 millones que planea invertir la red de donantes ultraconservadores de Charles y David Koch, multimillonarios de Kansas, para las presidenciales de los Estados Unidos en 2016. Crearán un partido de facto cercano a los republicanos, acaso como Ross Perot, candidato presidencial independiente en 1992 y 1996. En su primer intento se alzó con el 19 por ciento de los votos. Nada mal. Demostró que todo se compra y se vende en este mundo, sea la Casa Blanca o La Moneda.
 
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