Desde el momento en que la Corte Constitucional de Colombia aprobó el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en julio, quedó claro que el resultado iba a ser vinculante sólo para el gobierno. No se trataba de una vía jurídica, sino política. El plebiscito no era necesario para instrumentar el acuerdo. Fue decisión del presidente Juan Manuel Santos delegar en los colombianos “la última palabra” después del apretón de manos con el líder de la guerrilla más antigua del continente, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez o Timochenko, en La Habana. Fue, también, un tiro por elevación contra su principal detractor y rival, el ex presidente Álvaro Uribe, ahora senador.