A partir del mes de octubre, ha entrado en vigencia el "honorario médico ético mínimo" en Argentina. Esta medida, impulsada por más de 30 asociaciones médicas del país, establece un arancel mínimo de 6.000 pesos para las consultas médicas. En caso de que las prepagas u obras sociales no cubran la totalidad de este monto, el paciente deberá asumir la diferencia a través de un "bono complementario no reintegrable".

Según las asociaciones médicas, esta medida es una respuesta a la crisis que ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia en el país. En los últimos años, el valor de las consultas médicas ha experimentado una drástica caída, agravada por el retraso en el pago de honorarios y la alta inflación. Cabe destacar que esta medida es unilateral y no cuenta con el aval de todo el sistema de salud ni del Gobierno. 

El sistema de salud privado en Argentina está conformado por financiadores, como las empresas de medicina prepaga y las obras sociales, y prestadores, como los profesionales médicos y centros de atención. Los prestadores dependen de los ingresos de los financiadores y de las tarifas establecidas para cada prestación. En medio de un contexto de desfinanciamiento y congelamiento de precios en las cuotas de las prepagas, estos "copagos" son una respuesta al conflicto entre las partes.

Las empresas de medicina prepaga han respondido con cautela a esta medida, asegurando que los copagos no están contemplados en los contratos con los médicos. En caso de que se cobre un extra, el paciente debe informar a la prepaga para iniciar un sistema de reintegros y posibles sanciones al médico que haya cobrado el bono complementario.