A partir de la fuga de dos represores del Hospital Militar, que habían sido trasladados a Buenos Aires para un chequeo médico, el gobierno decidió crear una comisión para evaluar el estado de salud de los condenados por delito de lesa humanidad, previo a cualquier derivación.

Miguel Ángel Gálvez fue el juez federal de San Juan que “instrumentó” el traslado de ambos militares.

“Cuando me hago cargo del juzgado –en forma interina- ya el titular había ordenado el traslado (de De Marchi y Olivera)”, precisó en La Vuelta.

“La sentencia que los condenó había dispuesto que la pena debía ser cumplida en un establecimiento carcelario del Servicio Penitenciario Federal”, aclaró.

La sentencia fue dictada el 4 de julio y “ellos hicieron uso de un derecho que les otorga la ley para su traslado temporal a Marcos Paz para que pudieran ver a sus familiares”. Gálvez aclaró que el pedido de traslado no fue para un estudio médico.

Dentro del Hospital, donde se fugaron, “el responsable de la seguridad es quien tiene la custodia; en este caso, el Servicio Penitenciario”.