La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la “lucha”por fondos de coparticipación que Nación había quitado por decreto en 2020.

El fallo fue firmado por los cuatro miembros del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti

La medida se confirmó este miércoles, en el que la Corte decidió por unanimidad reintegrarle el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad, que Nación recortó para transferirlos a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal de esta manera le dio la razón a la Ciudad en un reclamo presentado en 2020, cuando el presidente Alberto Fernández había determinado por decreto el recorte de fondos al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de otorgar un aumento a la Policía Bonaerense, en medio de una protesta de que generó conflicto con la seguridad.

El fallo de la Corte no resuelve la cuestión de fondo. Solamente definió una cuestión más superficial, de un amparo presentado en ese entonces por la Ciudad, reclamando la ilegitimidad del recorte de fondos de sus recursos en la maniobra de Nación, para derivarlos a la Provincia.

Por lo tanto, hasta tanto se resuelva la discusión de fondo del juicio en el que la Ciudad reclama la devolución de fondos a Nación, el Estado Nacional debe acatar la orden judicial de la Corte, en la que se indicó que “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables. El gobierno porteño reclamaba originalmente un 3,5% de reintegro.

Los jueces del tribunal también dispusieron que "las transferencias correspondientes a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina” y ante nuevos eventos similares de traspaso de fondos, "ambas jurisdicciones deben ponerse de acuerdo" para materializar ese envío de fondos, especifica el fallo. Asimismo, la Corte suprema plantea en sus consideraciones que la ley de coparticipación debe actualizarse.

Otro punto que pone sube la tensión en la relación Ciudad-Nación es que “durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606″, es decir, deje de aplicar en ese lapso la norma que determina cómo es el recorte de fondos y que la Nación aplicó para llevar adelante este movimiento.